Pacto por la madera legal suma la voluntad de 70 empresas en el país

Pacto por la madera legal suma la voluntad de 70 empresas en el país Con el sello de "elija madera legal" se identifican las empresas que siguen las bases para proteger las áreas de reserva. Por SERGIO A. NARANJO M. | Publicado el 12 de septiembre de 2013 Ampliar imagen Aunque se seguirán talando bosques, la idea es que se hagan solo en los lugares que permite la ley, tal como lo plantea el Pacto por la Madera Legal en Colombia. Su aplicación, no obstante, depende de la voluntad de las empresas para hacer parte del proyecto, en el que ya participan 70. Las cifras del Banco Mundial en la materia son preocupantes. En Colombia la tala ilegal alcanza un 42 por ciento de la producción total de madera que, según las cuentas del Gobierno, entre 2011 y 2012, representó la tala de 147.946 hectáreas. Según el último estudio de recursos forestales que llevó a cabo el Ideam en 2005, el nivel de ilegalidad forestal en el país se estima en cifras cercanas al 35 por ciento anual; es decir que al año se movilizan y utilizan de manera ilegal 1.200.000 metros cúbicos de madera. A grandes rasgos lo que pretende el Pacto por la Madera Legal, que estará vigente en el país hasta 2015, es que mediante la alianza público privada se continúe con la explotación de bosques, pero solo en los que las corporaciones autónomas regionales permitan la tala según los direccionamientos del Ministerio de Ambiente. Para María Claudia García, directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Minambiente, "todo este trabajo interinstitucional tiene un solo norte y es el de asegurar que la madera provenga exclusivamente de bosques o fuentes legales". El proyecto, que se aplica en el país desde 2009 y que fue ampliado hasta 2015 por el presidente Juan Manuel Santos, tiene una paradoja que lo hace fácil de implementar, pero difícil de generalizar. Se hace por voluntad de las empresas públicas y privadas, que ya suman 70; entre las que se destacan la Andi y Camacol. Es decir, que cualquier compañía que intervenga en el comercio, transformación, utilización y transporte de madera puede ser parte del pacto y adecuar su labor a las prácticas legales. El problema es que más allá de la promoción por parte del Ministerio de Ambiente, no hay otra forma de incluir a todos los actores que hacen parte del círculo productivo de la madera.